1.1. ¿Qué ley se aplica en la propiedad de la pareja? ¿Qué criterios se emplean para determinar la ley que se aplica? ¿Qué convenciones internacionales deben respetarse con respecto a ciertos países?

Los matrimonios celebrados antes del 1 de septiembre de 1992 están sujetos al derecho ordinario mientras que los contraídos después de esta fecha y hasta el 28 de enero de 2019 se rigen por el Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 sobre la Ley Aplicable a los Regímenes Económicos Matrimoniales.

La legislación aplicable a los regímenes económico-matrimoniales para cónyuges casados con anterioridad al 1 de septiembre de 1992 viene, en principio, determinada por el lugar del primer domicilio conyugal. La ley así designada regula todas las relaciones patrimoniales entre cónyuges, independientemente de se encuentren sus bienes. Este criterio de conexión tiene carácter permanente: la ley del lugar del primer domicilio conyugal se aplica a lo largo de toda la duración del matrimonio, incluso si los cónyuges se trasladan a otro Estado.

En cuanto a los matrimonios contraídos con posterioridad al 1 de septiembre de 1992, se aplica el Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, con la excepción del régimen primario que sigue estando regulado por las disposiciones francesas aplicables con carácter imperativo (art. 212-226 del CC). En el caso de que los cónyuges no hayan elegido un régimen con anterioridad al matrimonio, la ley aplicable es, en principio, la de su primer domicilio habitual. Al contrario que el derecho común, el Convenio de la Haya estipula tres casos en los que la ley aplicable cambia automáticamente (art. 7, párrafo 2): cuando los cónyuges establezcan su residencia en el Estado de su nacionalidad común; cuando hayan residido durante más de diez años en un Estado tras el matrimonio; y con respecto a aquellos cónyuges que no hubieran establecido su residencia habitual en el territorio del mismo Estado tras el matrimonio (y cuyo régimen económico matrimonial estuviera, por consiguiente, sujeto a la ley del Estado de nacionalidad común), cuando establezcan su residencia habitual en el mismo Estado. Este cambio automático únicamente surtirá efectos para el futuro (no obstante, el art. 8 permite que los cónyuges sometan todos sus bienes a la nueva ley, siempre que esta elección no afecte negativamente a los derechos de terceros).

Tras la adopción del Reglamento Europeo (UE) 2016/1103 de 24 de junio de 2016, se aplican nuevas normas para determinar la ley aplicable a todos los matrimonios celebrados a partir del 29 de enero de 2019 y a los matrimonios celebrados antes de la fecha de entrada en vigor cuando los cónyuges hayan designado una ley aplicable a su régimen matrimonial a partir del 29 de enero de 2019.

En ausencia de elección de la ley aplicable, el artículo 26 establece la jerarquía de los puntos de conexión para determinar la ley aplicable, del siguiente modo:

• La primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio.
• En su defecto, la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio. Este criterio no puede utilizarse si los cónyuges tienen varias nacionalidades comunes.
• En su defecto, la ley del Estado con el que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio.

Con carácter excepcional y siempre que uno de los cónyuges así lo solicite, la autoridad judicial competente podrá decidir que se aplique la ley de un Estado distinto al de la primera residencia común habitual tras la celebración del matrimonio (artículo 22, apartado 3).

1.2. ¿Tienen los cónyuges la opción de elegir la ley aplicable? En ese caso, ¿por qué principios está regida esta elección (por ejemplo, las leyes a elegir, los requisitos formales, la retroactividad)?

Los cónyuges pueden designar la ley aplicable a su régimen económico matrimonial. En cuanto a los contratos matrimoniales otorgados antes de la entrada en vigor del Convenio de la Haya de 14 de marzo de 1978 (1 de septiembre de 1992), los cónyuges disponían de total libertad para elegir la ley aplicable. Desde la entrada en vigor del Convenio de La Haya y hasta el 28 de enero de 2019, la elección se limita a una de las tres leyes especificadas en el artículo 3: la ley del Estado de nacionalidad del cónyuge en el momento de la elección, la ley del Estado en el que cualquiera de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la elección, o la ley del primer Estado en el que uno de los cónyuges haya establecido una nueva residencia habitual después del matrimonio. El Convenio de la Haya también permite que los cónyuges sometan todos o parte de sus bienes inmuebles a la ley del lugar donde estos bienes inmuebles se hallan situados (art. 3, párrafo 2). El Convenio de la Haya exige que la designación de la ley aplicable se realice de forma expresa o que resulte indubitadamente de las disposiciones del contrato matrimonial (art. 11).

Los cónyuges pueden también cambiar la ley aplicable a su régimen económico matrimonial durante su matrimonio. En dicho supuesto, el Convenio de la Haya se aplica incluso a los cónyuges casados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la elección se haya realizado después de la entrada en vigor del Convenio (art. 21). En este caso, la designación se ve encuentra limitada a una de las dos leyes especificadas en el art. 6: la ley de cualquier Estado del cual alguno de los cónyuges sea nacional en el momento de la designación o la ley del Estado en cuyo territorio cualquiera de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la designación. El Convenio también permite que los cónyuges sometan la totalidad o parte de sus bienes inmuebles a la ley del lugar donde estos bienes inmuebles se encuentran situados (art. 6, párrafo 2). La nueva ley se aplica con carácter retroactivo a la fecha del matrimonio, sin perjuicio de los derechos de terceros, si bien los cónyuges pueden decidir que el cambio de ley aplicable y, por tanto, posiblemente el régimen económico matrimonial sólo se aplicará en el futuro: en este caso, se les recomendará que liquiden su régimen económico matrimonial anterior. La Ley 97-987 de 28 de octubre de 1997 modificó el Código Civil para adaptarlo a las disposiciones del Convenio de la Haya y para organizar la publicidad con respecto al cambio de régimen económico matrimonial adquirido mediante la aplicación de una ley extranjera.

El Reglamento (UE) 2016/1103 prevé la posibilidad de designar la ley de uno de los Estados de nacionalidad de al menos uno de los cónyuges o la ley del Estado donde cualquiera de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la elección de la ley aplicable a su régimen económico matrimonial (art. 22). Esta elección solo podrá hacerse válidamente a partir del 29 de enero de 2019 en el marco de un contrato matrimonial o de un acuerdo sobre la elección de la legislación aplicable y de conformidad con los requisitos formales establecidos en el artículo 23.

Por último, la elección de la ley aplicable al régimen económico matrimonial durante el matrimonio solo surtirá efecto en el futuro, a menos que los cónyuges acuerden otra cosa y sin perjuicio de los derechos de terceros.

2.1. Por favor, describa los principios generales: ¿Qué bienes son parte de la propiedad común? ¿Qué bienes son parte de la separación de bienes de los cónyuges?

En caso de no existir contrato matrimonial, los cónyuges están sujetos al régimen de comunidad de bienes: la comunidad de adquisiciones (art. 1400-1491 del CC). Los bienes adquiridos a título oneroso tras el matrimonio son comunes. Sin embargo, los bienes que ya pertenecían a uno de los cónyuges en la fecha de la celebración del matrimonio o adquiridos mediante donación, legado o herencia y los bienes de "carácter personal" se poseen de forma separada (art. 1404 del CC).

2.2. ¿Hacen referencia las asunciones legales a la atribución de propiedad?

Los bienes conyugales se presumen comunes si no se prueba que son propiedad privativa de uno de los cónyuges (art. 1402 del CC).

2.3. ¿Deberían los cónyuges establecer un inventario de activos? En tal caso, ¿cuándo y cómo?

A los cónyuges no se les exige formar inventario.

2.4. ¿Quién está autorizado a administrar la propiedad? ¿Quién está autorizado a disponer de la propiedad? ¿Puede un cónyuge disponer de/administrar la propiedad individualmente o es necesario el consentimiento del otro cónyuge (por ejemplo en caso de la venta del hogar conyugal)? ¿Qué efecto tiene la falta de consentimiento en la validez de una transacción legal y en la oponibilidad a un tercero?

Cada cónyuge puede administrar y disponer de sus bienes privativos (art. 1428 del CC) y de los bienes comunes (art. 1421, párrafo 1 del CC). No obstante, debido a su importancia, determinadas transacciones relativas a los bienes comunes deben ser realizadas de forma conjunta. Esto significa que la transacción ha de realizarse por ambos cónyuges o por uno de ellos, pero con el consentimiento del otro. Este requisito se aplica en concreto a: enajenaciones de bienes comunes sin contraprestación y afecciones de bienes comunes para garantizar la deuda de un tercero (art. 1422 del CC), así como enajenaciones relativas a bienes inmuebles, explotaciones comerciales y acciones y participaciones sociales no negociables y derechos vinculados que sea posean conjuntamente (art. 1424 del CC).

En caso de que uno u otro cónyuge haya infringido estas normas, el otro cónyuge podrá solicitar su cancelación anulación (art. 1427 del CC).

En el supuesto de un ejercicio inadecuado de sus facultades o de incapacidad por parte de uno u otro cónyuge, el otro cónyuge podrá solicitar al tribunal ser el sustituto de aquel en el ejercicio de dichas facultades (art. 1426 del CC).

Por último, los cónyuges no podrán disponer separadamente de los derechos en virtud de los cuales se garantice el alojamiento de la familia (art. 215, párrafo 3 del CC).

2.5. ¿Las transacciones llevadas a cabo por un cónyuge, pueden vincular al otro cónyuge?

Un cónyuge puede administrar los bienes privativos de su cónyuge cuando esté autorizado expresamente para ello (art. 1431 del CC), tácitamente (art. 1432 del CC) o por una sentencia judicial (art. 1429 del CC).

2.6. ¿Quién se hace responsable de las deudas incurridas durante el matrimonio? ¿Qué propiedades pueden ser utilizadas por los acreedores para satisfacer sus reclamaciones?

Las deudas originadas con anterioridad al matrimonio se imputan a los bienes e ingresos privativos del cónyuge deudor (art. 1410 y 1411 del CC). De las deudas contraídas durante un matrimonio responden los bienes privativos del cónyuge deudor y con los bienes comunes (art. 1413 del CC).

Sin el consentimiento del otro cónyuge, únicamente se puede proceder al cobro de las deudas procedentes de empréstitos o garantías contra los bienes e ingresos privativos del cónyuge que haya contraído las deudas y no contra los bienes comunes (art. 1415 del CC).

Por último, si la deuda se hubiera contraído conjunta y solidariamente por los cónyuges, se podrá proceder a su cobro contra todos los bienes familiares (art. 1418 del CC). Esto ocurre, en concreto, con todas las deudas contraídas para el mantenimiento del hogar o la educación de los hijos (art. 1414 del CC).

3.1. ¿Qué provisiones pueden ser modificadas mediante un contrato y cuales no? ¿Cuáles son los regimenes económicos matrimoniales existentes?

El art. 1387 del CC establece el principio de libertad de los cónyuges con respecto la regulación de sus relaciones conyugales. Los cónyuges pueden optar por una comunidad convencional (art. 1497 y siguientes del CC); comunidad universal, conforme a la cual todos los bienes y deudas se comparten (art. 1526 del CC); separación de bienes, conforme a la cual no existe comunidad (1536 y siguientes del CC); régimen de participación en ganancias, conforme a la cual no existe comunidad pero cada cónyuge tiene derecho a recibir una compensación monetaria en caso de divorcio o fallecimiento en el supuesto de que hubiera acumulado menos riqueza que el otro cónyuge durante el matrimonio (1569 y siguientes del CC).

Los cónyuges nunca pueden excluir la aplicación del régimen "primario", que se aplica por el mero hecho del matrimonio (art. 212 y siguientes del CC).

Por otra parte, desde el 1 de mayo de 2013, las parejas mixtas franco-alemanas y, de manera más amplia, cualquier pareja que viva en Alemania o en Francia o que esté sujeta al régimen matrimonial francés o alemán, pueden optar por el nuevo régimen de participación en ganancias (régimen separatista durante la duración del matrimonio y en el momento de la disolución del mismo, cada uno de los cónyuges tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio).

3.2. ¿Cuáles son los requisitos formales y con quién debería contactar?

El contrato matrimonial debe ser otorgado ante notario (Art. 1394 del CC). El certificado de matrimonio debe indicar si se ha suscrito un contrato, así como el nombre y la dirección del notario autorizante (art. 76 del CC). En caso de no existir, se considerará, respecto de terceros, que los cónyuges están casados conforme al régimen de comunidad legal.

3.3. ¿Cuándo debería celebrarse el contrato y cuando debería entrar en vigor?

El contrato matrimonial debe suscribirse con anterioridad a la celebración del matrimonio y surtirá efecto en la fecha del matrimonio (art. 1395 del CC).

3.4. ¿Pueden los cónyuges modificar un contrato existente? En tal caso, ¿bajo qué condiciones?

El contrato puede ser modificado antes del matrimonio con sujeción a las mismas formalidades que las de su celebración (art. 1396 del CC) (véase pregunta 3.2). Una vez que el régimen económico matrimonial haya estado en vigor durante dos años, los cónyuges pueden decidir cambiar dicho régimen por medio de escritura notarial (art. 1397 del CC). Los acreedores e hijos adultos de cada cónyuge se pueden oponer a tal modificación. En caso de oposición, o si uno de los cónyuges tiene hijos menores, el acto debe ser ratificado por los tribunales.

3.5. ¿Puede un contrato matrimonial tener efectos retroactivos, de acuerdo con la legislación nacional de su país, cuando los cónyuges celebran este contrato durante el matrimonio?

Según la legislación francesa, es posible celebrar capitulaciones  matrimoniales en cualquier momento (antes o después del matrimonio). Cuando las capitulaciones se firman después del matrimonio, implican necesariamente un cambio de régimen económico matrimonial (salvo si los cónyuges optan por el mismo régimen que el legal). Este cambio no tiene carácter retroactivo. El artículo 1397-6 del Código Civil establece la norma de que el cambio surte efecto entre los cónyuges en la fecha de la decisión o del acto y, frente a terceros, tres meses después del cumplimiento de las formalidades de publicidad previstas en el artículo 1397-5 del Código Civil (salvo si los terceros han sido informados por los propios cónyuges del cambio realizado).

No existe un registro de bienes conyugales ni un registro de contratos matrimoniales en Francia.

4.5. ¿Se puede registrar en su país un contrato matrimonial celebrado en un estado extranjero de acuerdo con la legislación extranjera? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones o trámites? (Como consecuencia, el punto 4.4 se convierte en 4.5.)

En Francia no existe un registro para las capitulaciones matrimoniales, ya sean de derecho francés o extranjero.

5.1. ¿Cómo se divide la propiedad (derechos reales)?

El divorcio es causa de disolución de la comunidad matrimonial. i los cónyuges están casados bajo el régimen legal, cada cónyuge recupera la posesión de sus bienes privativos (art. 1467 del CC) y los bienes comunes se dividen por la mitad entre ellos dos (art. 1475 del CC). Previamente a  la división, se elabora un informe del reembolso (art. 1468 del CC) debido a por la comunidad a cada cónyuge (art. 1433 del CC) o por uno de los cónyuges a la comunidad (art. 1437 del CC). Si el cónyuge es deudor, su parte de los bienes comunes se verá reducida. En caso de ser acreedor, podrá ejercer su derecho a través de la apropiación de los bienes comunes.

5.2. ¿Quién se hace responsable de las deudas existentes después del divorcio/separación?

En caso de divorcio, cada cónyuge seguirá siendo responsable de sus deudas privativas contraídas durante el matrimonio. Un cónyuge que haya contraído una deuda común sigue siendo plenamente responsable de dicha deuda (art. 1482 del CC). El otro cónyuge es responsable de la mitad de la deuda, pero no puede ser demandado por una cantidad superior al valor de los bienes comunes que se le hayan asignado (art. 1483 del CC).

5.3. ¿Puede uno de los cónyuges reclamar una compensación?

En caso de reparto de la comunidad, se tiene en cuenta cualquier reembolso entre los cónyuges y la comunidad (véase el apartado 5.1 anterior)

5.3.1. En caso de régimen de gananciales:
- ¿Debe liquidarse la reclamación mediante pago o similar?
- ¿Cómo se calcula la reclamación?
- ¿Cuál es la cantidad del pago por compensación?
- ¿Cuándo prescribe la reclamación?
En el régimen de participación en ganancias no existe comunidad ni bienes comunes. Cuando se disuelve el régimen, aquel cónyuge que haya acumulado menos riqueza tiene un derecho de reclamación personal contra el otro. No puede ejercer un derecho para una liquidación en especie a menos que se haya acordado lo contrario por ambos cónyuges o así lo estipule una sentencia judicial (art. 1576 del CC). Esta reclamación de participación equivale a la mitad de la diferencia entre la riqueza de cada cónyuge acumulada durante el régimen (art. 1575 del CC), teniendo en cuenta sus bienes originales y los finales (art. 1570-1574 del CC). Estas mismas reglas se aplican cuando la pareja ha optado por el régimen opcional franco-alemán de participación en ganancias. La acción de participación prescribe transcurridos tres años de la disolución del régimen (art. 1578, párrafo 4 del CC).

5.3.2. ¿En otros casos (no gananciales)?
En el régimen de separación de bienes, no hay más comunidad ni bienes comunes. No obstante puede haber cuentas entre los cónyuges, en particular cuando los fondos propios de uno han servido para enriquecer al otro.

En caso de fallecimiento, se disuelve la comunidad matrimonial y se divide entre dos. El cónyuge supérstite recibe una mitad y la otra recae en los herederos del cónyuge causante. No obstante, el cónyuge supérstite es también un heredero y sus derechos varían de acuerdo con los otros herederos (art. 756 y siguientes del CCC). Si existen descendientes, el cónyuge supérstite hereda todo el patrimonio en usufructo o la titularidad de un tercio cuarto de este (art. 757 del CC). En presencia del padre y la madre del causante, cada uno de ellos hereda una cuarta parte y el resto recae en el cónyuge supérstite (art. 757-1 del CC). Si no existen descendientes ni tampoco padre y madre del causante, el cónyuge supérstite hereda todo el patrimonio (art. 757-2 del CC.

Fruto de la cooperación de los ministerios francés y alemán de justicia, el 4 de febrero de 2010 se firmó un acuerdo que entró en vigor en Francia el 1 de mayo de 2013, que dispone el establecimiento de un régimen ecónomico matrimonial opcional suplementario, extraído del régimen de participación en ganancias que existen en Francia y en Alemania.

Durante el matrimonio, los cónyuges se someterán a un régimen de separación de bienes. Tras su disolución, cada cónyuge tendrá derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Este régimen económico matrimonial común está abierto no solo a las parejas franco-alemanas, sino también a las parejas residentes en Francia o en Alemania o cuyo régimen matrimonial esté sujeto a la ley francesa o a la ley alemana.

Este régimen económico matrimonial común podrá ser objeto de elección por todas las parejas y no únicamente por las franco-alemanas.

El proyecto de ley "que autoriza la ratificación del acuerdo entre la República Francesa y la República Federal de Alemania y que instituye un régimen de participación en ganancias opcional" se encuentra actualmente en trámite ante el Senado francés.

Las parejas de hecho no inscritas (cohabitación) se reconocen en el art. 515-8 del CC aunque no están reguladas.

Las parejas de hecho inscritas (uniones civiles) están reguladas en el art. 515-1 CC y siguientes. Estas uniones son posibles entre parejas del mismo sexo, aunque no están reservadas a las mismas.

Las parejas de hecho son responsables solidarias y conjuntamente de las deudas contraídas por parte de un miembro de la pareja para "las necesidades cotidianas" (art. 515-4 del CC).

Cada miembro sigue siendo libre para administrar sus bienes y se mantiene como responsable de sus deudas personales. Los bienes para los que no se haya determinado una titularidad se presumen de propiedad conjunta (art. 515-5 del CC). La pareja también puede estipular que los bienes adquiridos durante la unión sean propiedad conjunta (art. 515-5-1 del CC).

El Reglamento Bruselas II bis dispone normas de jurisdicción directa para los procesos relativos al divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial. El reglamento no regula los litigios relacionados únicamente con los efectos patrimoniales del matrimonio. Los jueces están obligados a aplicar automáticamente las normas de jurisdicción que se derivan de este reglamento al determinar la jurisdicción de los tribunales franceses antes de aplicar las normas nacionales de jurisdicción.

El Reglamento Bruselas II bis concede a los demandantes optar entre dos criterios principales para determinar la jurisdicción: la residencia habitual (art. 3-I-a) o la nacionalidad (art. 3-I-b). De esta forma, los demandantes pueden escoger entre siete casos de jurisdicción (Cass. civ. I, de 24 de septiembre de 2008, recurso de apelación nº 07-20.248).

Con respecto a los litigios relacionados únicamente con los efectos patrimoniales del matrimonio, la jurisdicción internacional se determina por la aplicación extensiva de las normas de jurisdicción de la legislación nacional.

En la legislación nacional, el juez del Tribunal de Familia tiene jurisdicción exclusiva en los asuntos personales. El tribunal competente es el del lugar de residencia de la pareja. Si la pareja tiene residencias separadas, el juez del Tribunal de Familia competente es el del lugar de residencia del cónyuge que habitualmente resida con los hijos menores y, en los demás casos, el juez del Tribunal de Familia del lugar de residencia del cónyuge que no haya solicitado el divorcio (art. 1070 del C.P.C.).

El juez francés también será competente en caso de que una de las partes del litigio sea un ciudadano francés (art. 14 y 15 del CC).

Para todas las acciones judiciales interpuestas, las sentencias dictadas y los actos dictados a partir del 29 de enero de 2019, independientemente de la fecha de celebración del matrimonio, se aplicará el Reglamento (UE) n.º 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016.

Este Reglamento establece que las autoridades competentes serán las siguientes:

• En los asuntos relativos al régimen matrimonial en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, la competencia corresponde al órgano jurisdiccional competente para la sucesión (artículo 4).
• En los asuntos relativos al régimen económico matrimonial en caso de demanda de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio, la competencia suele recaer en el órgano jurisdiccional competente para resolver el litigio matrimonial.
• En otros casos, los cónyuges pueden acordar que la jurisdicción corresponde al Estado miembro cuya ley sea aplicable o al Estado miembro en el que se haya celebrado el matrimonio. Dicho acuerdo deberá constar por escrito, estar fechado y firmado por las partes. En ausencia de acuerdo, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro tendrán, por regla general, jurisdicción para resolver cualquier cuestión relativa a su régimen económico matrimonial excepto en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o de conflicto matrimonial:
  • en el que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, o, en su defecto,
  • en el que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí, o, en su defecto,
  • en el que el demandado tenga su residencia habitual, o, en su defecto,
  • de la nacionalidad común de los cónyuges.

Excepción hecha de cualquier litigio, los notarios de Francia no están obligados por estas normas de competencia y, por tanto, pueden actuar libremente, por ejemplo, en la redacción de un contrato matrimonial o un acuerdo de elección de ley.