1.1. ¿Qué ley se aplica en la propiedad de la pareja? ¿Qué criterios se emplean para determinar la ley que se aplica? ¿Qué convenciones internacionales deben respetarse con respecto a ciertos países?

Con respecto a los bienes inmuebles, se aplica la norma de la lex rei sitae. Esto significa que los bienes están sujetos a la ley del país en el que se encuentran.

1.2. ¿Tienen los cónyuges la opción de elegir la ley aplicable? En ese caso, ¿por qué principios está regida esta elección (por ejemplo, las leyes a elegir, los requisitos formales, la retroactividad)?

Los cónyuges no pueden elegir la ley que regule su régimen económico matrimonial.

2.1. Por favor, describa los principios generales: ¿Qué bienes son parte de la propiedad común? ¿Qué bienes son parte de la separación de bienes de los cónyuges?

Cuando no exista un contrato matrimonial, se aplicará la comunidad de bienes entre los cónyuges [art. 1316 del Código Civil maltés (CC)]. Los bienes comunitarios abarcan todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos por los cónyuges mediante el ejercicio de su trabajo, los frutos de los bienes de cada cónyuge y los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges, ya sea por donación o mediante herencia, se consideran patrimonio personal del cónyuge que los recibe/hereda.

2.2. ¿Hacen referencia las asunciones legales a la atribución de propiedad?

Si no existe prueba contraria, se presume que todos los bienes que los cónyuges, o uno de ellos, posean o posea forman parte de los bienes comunitarios (art. 1321 párrafo 1del CC). Si no se suscribe ningún contrato matrimonial, se presume que todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por igual.

2.3. ¿Deberían los cónyuges establecer un inventario de activos? En tal caso, ¿cuándo y cómo?

La ley no impone ninguna obligación para hacerlo. No obstante, los cónyuges son libres de elaborar un inventario de bienes poseídos por cada uno de ellos en un contrato matrimonial.

2.4. ¿Quién está autorizado a administrar la propiedad? ¿Quién está autorizado a disponer de la propiedad? ¿Puede un cónyuge disponer de/administrar la propiedad individualmente o es necesario el consentimiento del otro cónyuge (por ejemplo en caso de la venta del hogar conyugal)? ¿Qué efecto tiene la falta de consentimiento en la validez de una transacción legal y en la oponibilidad a un tercero?

Cualquiera de los cónyuges puede realizar las intervenciones de administración ordinaria de los bienes comunitarios. Sin embargo, las intervenciones de administración extraordinaria deben ser realizadas conjuntamente por los cónyuges. La ley estipula específicamente qué intervenciones se consideran como parte de la administración extraordinaria donde se requiere el consentimiento de ambos cónyuges (art. 1322 del CC).

Por ejemplo, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de los bienes inmuebles que pertenezcan a los bienes comunitarios y del hogar matrimonial, incluso si este pertenece únicamente a uno de los cónyuges. En caso de que las intervenciones que requieran del consentimiento de ambos cónyuges se realicen únicamente por uno de ellos sin el consentimiento del otro, estas podrán invalidarse a petición de este último, si dichas intervenciones implican la enajenación o constitución de un derecho real o personal sobre los bienes inmuebles. En caso de que dichas intervenciones impliquen bienes muebles, solo podrán invalidarse cuando confieran los derechos sobre tales bienes muebles a título oneroso (art. 1326 del CC).

2.5. ¿Las transacciones llevadas a cabo por un cónyuge, pueden vincular al otro cónyuge?

Las intervenciones de administración ordinaria de los bienes comunitarios pueden realizarse por un solo cónyuge, aunque también son vinculantes para el otro.

2.6. ¿Quién se hace responsable de las deudas incurridas durante el matrimonio? ¿Qué propiedades pueden ser utilizadas por los acreedores para satisfacer sus reclamaciones?

Ambos cónyuges son responsables solidariamente de las deudas relativas a los bienes comunitarios y de aquellas contraídas por las necesidades de la familia con sus bienes comunitarios y su patrimonio personal (art. 1327 y 1330 del CC).

Las deudas relacionadas con el patrimonio personal de un cónyuge forman parte de sus deudas personales, así como también las deudas contraídas mediante la administración extraordinaria de los bienes comunitarios sin el consentimiento necesario del otro cónyuge. Los acreedores de deudas personales satisfarán sus reclamaciones con el patrimonio personal del cónyuge deudor. No obstante, si este no resulta suficiente, también pueden hacer uso de los bienes comunitarios, aunque únicamente en la medida del valor de la parte que posea el cónyuge deudor de los bienes comunitarios (art. 1329 del CC).

3.1. ¿Qué provisiones pueden ser modificadas mediante un contrato y cuales no? ¿Cuáles son los regimenes económicos matrimoniales existentes?

Los cónyuges son libres de suscribir un contrato matrimonial conforme al cual elijan el régimen económico matrimonial que ha de regular sus relaciones patrimoniales. La elección puede ser (1) una comunidad de bienes, (2) una separación de bienes o (3) una comunidad de remanente con administración separada. Según el régimen de comunidad de remanente, se mantienen y administran los bienes adquiridos por cada cónyuge durante el matrimonio por el cónyuge que los haya adquirido como si fuera el único propietario (art. 1339 del CC). A la conclusión de la comunidad de remanente, se igualan los remanentes finales de los cónyuges que queden tras la deducción de las deudas (art. 1341 del CC).

3.2. ¿Cuáles son los requisitos formales y con quién debería contactar?

El contrato matrimonial se debe realizar mediante escritura pública. La persona que se ha de contactar para ello es un notario.

3.3. ¿Cuándo debería celebrarse el contrato y cuando debería entrar en vigor?

Si el contrato matrimonial se suscribe con anterioridad al matrimonio, entra en vigor en el momento en el que se celebra el matrimonio. Sin embargo, en lo que respecta a terceros, el contrato matrimonial entra en vigor a partir de la fecha en la que el notario inscribe la escritura en el Registro Público. Si el contrato matrimonial se suscribe tras el matrimonio, entra en vigor, en lo que respecta a los cónyuges, a partir de la fecha en la que se suscribe en el contrato y, en lo que respecta a terceros, a partir de la fecha en la que el notario inscribe dicha escritura en el Registro Público.

3.4. ¿Pueden los cónyuges modificar un contrato existente? En tal caso, ¿bajo qué condiciones?

Sí, el contrato matrimonial puede modificarse, pero cualquier modificación realizada tras la celebración del matrimonio requiere del consentimiento del juez que preside el tribunal de jurisdicción voluntaria. No se verán afectados los acreedores existentes que tengan una reclamación originada con anterioridad a la modificación.

3.5. ¿Puede un contrato matrimonial tener efectos retroactivos, de acuerdo con la legislación nacional de su país, cuando los cónyuges celebran este contrato durante el matrimonio?

Según la legislación maltesa, las capitulaciones de régimen matrimonial surten efecto desde el día en que se firman, por lo que no pueden tener efecto retroactivo.

El notario ha de inscribir el contrato matrimonial en un plazo de 15 días tras la fecha de la suscripción de este.

4.1. ¿Existe uno o más registros de propiedad matrimonial en su país? ¿Dónde?

Solo existe un registro. Se trata del Registro Público administrado por el Ministerio de Justicia.

4.2. ¿Qué documentos se registran? ¿Qué información se registra?

Se ha de registrar la siguiente información: el hecho de que se ha suscrito un contrato matrimonial; la fecha de la escritura; los datos de las partes contratantes; y el tipo de régimen económico matrimonial elegido por las partes para que regule sus relaciones patrimoniales.

4.3. ¿Cómo y quién tiene acceso a la información registrada?

Cualquier persona que solicite la información, puede acceder a la registrada en el Registro Público. Se realiza una solicitud por escrito en el Registro y se recibe una respuesta oficial en el plazo de 10 días tras su presentación. Los notarios pueden acceder al Registro en línea y obtener una respuesta inmediata.

4.4. ¿Cuáles son las consecuencias legales del registro (validez, oponibilidad)?

El principal efecto es que se presume que terceros (especialmente acreedores) son conocedores de la existencia del contrato matrimonial.

4.5. ¿Se puede registrar en su país un contrato matrimonial celebrado en un estado extranjero de acuerdo con la legislación extranjera? En caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones o trámites? (Como consecuencia, el punto 4.4 se convierte en 4.5.)

Según la legislación maltesa, no es posible registrar las capitulaciones matrimoniales redactadas en el extranjero, aunque estén reconocidas. Se debe presentar una traducción oficial ante notario.

5.1. ¿Cómo se divide la propiedad (derechos reales)?

Esto depende del régimen económico matrimonial adoptado. En caso de que se impugne el divorcio/la separación, el tribunal es quien decide cómo se han de dividir los bienes. Si no hay impugnación, son los cónyuges mismos los que deciden, con sujeción a la ratificación del tribunal. El artículo 1333 del Código Civil estipula que los bienes comunitarios se han de dividir asignando a cada cónyuge la mitad de los bienes pertenecientes a los bienes comunitarios.

5.2. ¿Quién se hace responsable de las deudas existentes después del divorcio/separación?

Esto depende del régimen económico matrimonial adoptado. En caso de que se impugne el divorcio/la separación, el tribunal es quien decide cómo se han de dividir los bienes. Si no hay impugnación, son los cónyuges mismos los que deciden, con sujeción a la ratificación del tribunal. El artículo 1333 del Código Civil estipula que, en caso de división de los bienes comunitarios, a cada cónyuge se le asignará la mitad de los pasivos pertenecientes a los bienes comunitarios.

5.3. ¿Puede uno de los cónyuges reclamar una compensación?

De acuerdo con el régimen de comunidad de bienes, cada uno de los cónyuges debe reembolsar a la comunidad en caso de que haya hecho uso de ella para satisfacer sus propias deudas (art. 1331, párrafo 1 del CC). En caso de que se hubiera hecho uso del patrimonio personal de un cónyuge para satisfacer una deuda comunitaria o para una inversión en los bienes comunitarios, este tiene el derecho de ser reembolsado por ello (art. 1331, párrafo 2 del CC). Dicho reembolso se hará por medio de una asignación monetaria (art. 1331, párrafo 3 del CC).

Esto depende de si el cónyuge premoriente falleció testado o intestado. Los cónyuges son libres de designarse mutuamente herederos universales de todo su patrimonio en un testamento. En dicho caso, los descendientes del cónyuge causante pueden reclamar la parte legal reservada para ellos (aunque prácticamente nunca se reclama). En caso de ausencia de testamento, si el causante deja descendientes, los hijos (o sus descendientes, si estos ya han fallecido en el momento del fallecimiento del cónyuge) reciben la mitad del patrimonio, mientras que la otra mitad recae en el cónyuge supérstite (art. 808, párrafo 1 del CC). El cónyuge supérstite tiene también el derecho de continuar habitando su residencia principal (art. 633 del CC). Si el causante no ha dejado hijos ni otros descendientes, el cónyuge supérstite es el único heredero (art. del 810 CC).

No.

La recién promulgada Ley de Convivencia, capítulo 571 de las Leyes de Malta, establece disposiciones especiales para la «vivienda ordinaria, principal y común» solo en el caso de las parejas registradas.

Al fallecer uno de los miembros de la pareja registrada, si la vivienda común era propiedad conjunta, el miembro supérstite tiene derecho a habitar en la misma durante su toda su vida o hasta el momento en el que contraiga matrimonio, unión civil o registre otra pareja.

Si la vivienda común era propiedad del miembro de la pareja registrada que fallece primero, el supérstite tiene derecho a habitar en dicha vivienda, durante un periodo de años equivalente al número de años de convivencia de los cohabitantes, sin que dicho período pueda exceder de 15 años. La ley estipula asimismo que dicho derecho de habitación será disfrutado con carácter vitalicio por el supérstite o hasta el momento en el que contraiga matrimonio, unión civil o registre otra pareja.

Por lo que respecta a los bienes muebles, la ley contempla una presunción refutable de que los miembros de la pareja de hecho tienen derecho a una parte igual de los bienes muebles que se encuentran en la «vivienda ordinaria, principal y común» adquirida durante el período de convivencia.

Fuera del ámbito de aplicación del Reglamento 2201/2003 de la UE, los tribunales malteses tienen jurisdicción en los procedimientos de divorcio si al menos uno de los cónyuges tiene su domicilio en Malta en la fecha de presentación de la demanda de divorcio ante el tribunal civil competente, o si al menos uno de los cónyuges residió de forma habitual en Malta durante un periodo de un año inmediatamente anterior a que se presentara la demanda de divorcio.